Opciones de demanda de Añasco: intendente procesado o rectificándose. Lo civil es paralelo

andresEl Dr. Gabriel Cartagena fue claro en entrevista con este portal, sobre lo que puede suceder en el juicio por difamación e injurias que realiza la edil Dayana Añasco al intendente de Salto. Puede surgir un procesamiento, puede existir una rectificación o pueden resolverlo en primera instancia juez y fiscal actuante en el caso. Fue claro además en que lo penal nada tiene que ver con lo civil, así como aclaró el porque fueron citados los medios de prensa a esta instancia judicial.

Cartagena dijo que «la denuncia penal es claro que obedeció a la conferencia realizada por el intendencia para saber quien nombró a las personas involucradas. En este caso se reclama difamación e injuria porque seguramente la señorita Añasco se considera inocente y a su vez se utilizaron los medios para dar a conocer los nombres. Cualquier persona en Uruguay sabe que la ley dice que cualquier persona que comete un delito, en forma primaria, sin tener antecedentes, no se pueden emitir los nombres, solamente las iniciales en el caso de los medios. Desde el punto de vista penal es que se dio una difamación porque públicamente el intendente da nombres sobre hechos ocurridos y que surgieron en los diferentes medios. Lo administrativo, la investigación, inclusive con una resolución de hace varios años de la Junta Departamental de Salto, establece la reserva absoluta y quien accede a la información exclusivamente es el profesional actuante, en este caso el Dr. Libardi».

Cartagena agregó que «el único fuero que tiene un edil es que puede decir determinadas cosas dentro del recinto departamental pero fuera de la Junta el edil no tiene otro fuero así como el intendente y otros organismos».

Aclaró que «estamos frente a una situación administrativa donde previamente en conferencia de prensa se dan a conocer nombres de tres personas que presuntamente cometieron un delito. Gracias al estado de derecho el único que puede determinar si hubo delito es la justicia».

Cartagena aclaró que lo penal y lo civil van por vías separadas, «son independientes. La parte penal es dilucidar si hubo delito de difamación, que tiene pena menor, que no suspende la ciudadanía de nadie y que no obliga al intendente a renunciar. Si puede pasar que el intendente pida disculpas, se rectifique en común acuerdo con la querellante, por medio de conferencia de prensa y en las mismas condiciones que se dio la primera».

Lo civil, aclaró Cartagena, más allá de lo que pueda pasar en lo penal, tendrá otro camino.

Dejanos Tú Comentario