La Revuelta subversiva denuncia

➡️ Hace tiempo venimos pensando sobre la realidad en Salto, sobre situaciones que nos rodean y están totalmente naturalizadas en nuestra sociedad. No nos vamos a cansar de denunciar y visibilizar, porque creemos que otras formas son posibles

🔻Hace un tiempo venimos denunciando en Salto, particularmente tanto la falta de refugios para las víctimas de violencia de género, como también la inoperancia en varias instituciones gubernamentales.
Con respecto a la casa de breve estadía, con profunda tristeza debemos decir que nada ha cambiado, a pesar del anuncio, muy oportuno en tiempos electorales, de la firma con el Club de Leones Salto por parte de la Oficina de Género y Generación de la Intendencia, el departamento no cuenta ni con casa de refugio ni casa de breve estadía. A sabiendas que la necesidad es urgente, la Intendencia desde el año 2017 cuenta con dos propiedades armadas específicamente para salvaguardar la integridad de las víctimas; sin embargo, nunca se pusieron en funcionamiento y eso ha sido pura decisión política. Las mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas requieren respuestas de amparo y protección inmediatas, frente a situaciones de alto riesgo. Consideramos que el tema debe ser prioridad, por ello se deben destinar recursos para combatir la durísima realidad. Recursos que existen pero por falta de voluntad no se llevan adelante políticas de contención y reparación para las mujeres que las necesitan. También queremos denunciar que hemos tomado conocimiento de que a las víctimas de VBG que están pasando por un proceso de salida de la violencia, y están siendo intervenidas por instituciones como el MIDES o IdS, se les recomienda alojarse en una «pensión» cita por calle 18 de Julio esquina Varela, frente al Hospital Regional de Salto, donde sabemos que funciona lindera a la misma una whiskería. En la cual mujeres que ejercen la prostitución lo hacen en el mismo recinto. Se está enviando a mujeres y sus hijos/as en situación de total vulnerabilidad a la boca del lobo.
La realidad es que muchas mujeres tienen que regresar con sus parejas violentas porque no tienen opciones para independizarse económicamente de sus agresores, porque el acceso a un trabajo, es casi imposible, aun contando con buenas voluntades, de algunas trabajadoras de esas instituciones que se ven colapsadas también por la falta de presupuesto, se necesitan acciones vinculadas a garantizar el acceso a una vivienda y a oportunidades de integración laboral y económica.
Una vez más la falta de presupuesto en la ley de VBG opaca los logros de la sociedad civil, porque de nada sirve una tener una ley, que en su redacción es impecable, si después no existe recursos y presupuesto para aplicarla, o si los actores que la deben poner en funcionamiento no cuentan con la preparación suficiente y en lugar de proteger y contener a las víctimas, las violenta una y otra vez. En muchas ocasiones se toma la denuncia en circunstancias humillantes, delante de todo aquel que se encuentre en el recinto. Tenemos conocimiento y algunas compañeras lo han presenciado, que una vez que se ingresa en la Unidad de violencia, los funcionarios policiales preguntan hasta el hartazgo, sin ninguna medida que pueda dar contención a la mujer que allí está, cinco, seis siete veces, a viva voz, el motivo de la denuncia. ¿Es necesaria esa humillación? Y si, buscamos ser redundantes, ¿es necesario exponer a una mujer que se anima, después que bombardeamos con la frase “hay que denunciar”, en esa circunstancia?
Los funcionarios policiales que allí trabajan, son trasladados con asiduidad pero no están preparados debidamente, necesitamos personal capacitado y sensibilizado en la Unidad Especializada, que al momento de tomar una denuncia por violencia doméstica no nos respondan «si pasó hace más de tres días no lo podes denunciar» No existe una continuidad de trabajo por parte del personal, cuando la problemática exige otro compromiso y que no termine siendo un puro acto burocrático.

Se precisan recursos en lo judicial, las mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas requieren abogados de oficio especializados en la materia, que conozcan en profundidad su situación de antemano y elaboren estrategias jurídicas adecuadas.
La falta de presupuesto para los operadores judiciales es la principal dificultad para la correcta aplicación de la ley contra la VBG. Además de esta falta y ausencia fundamental, sumamos que en el ámbito judicial, las mujeres están a merced del funcionario de turno, consideramos que deberían existir cursos de sensibilización con perspectiva de género, para que la víctima que da el paso inmenso de denunciar, una vez que cae en el sistema judicial no sea revictimizada por la inoperancia del sistema, por falta de tobilleras y/o maltrato en muchos de los casos de los propios funcionarios y jueces.
¿Cuánto horror más habrá que pasar para que se entienda que nuestros planteos no son un capricho?
Estamos hablando de salvar vidas de mujeres, niñas y niños, y si, cuesta dinero, voluntad política también.

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