Ciertamente es un tema en el cual existe escasa información, habiendo un desconocimiento general para la mayoría de los ciudadanos como los impactos que este emprendimiento puede generar al departamento.
En vista de eso, en nuestro carácter de ediles hemos realizado el siguiente informe, el cual se nutre de diferentes fuentes, utilizando el Informe Ambiental Estratégico, Revisión Parcial del Plan de Ordenamiento Territorial y desarrollo sostenible de la ciudad de Salto y su Micro región; Comunicado de la Asociación de Arquitectos del Uruguay; Comunicados del CENUR Litoral Norte, Leyes, decretos, resoluciones, artículos varios de la Prensa.
La ampliación de la ciudad de Salto propuesta por la Intendencia de Salto no es un proceso paulatino o espontáneo de crecimiento de la ciudad, sino que surge a partir de un proyecto privado que requiere ampliar el área urbana de una forma carente de argumentos.
La singularidad del proyecto es que el sector de tierra a incorporar a la ciudad se ubicaría en una fracción al sur de la ciudad, al otro lado de la ruta 3, siendo los padrones rurales N° 2220, 12463, 12462 y ocuparía 570 hectáreas de suelo rural productivo, sería el 20% del área urbana actual de la ciudad de Salto, sería una superficie equivalente a una vez y media la unidad barrial centro. Los promotores del emprendimiento son La Tahona SA.
La acción del Estado en este caso, como veremos aquí estaría beneficiando a un grupo inversor en particular, no a un barrio o a una comunidad que hoy en día tanto necesitan.
El milagro se presenta como un clúster de actividades turísticas, residenciales y educativas “exclusivas”. Se propone, según notas de prensa, potenciar muchas ventajas y características con las que el departamento de Salto ya cuenta: universidades, hoteles y parques termales. Habrá 250 nuevas viviendas y en su etapa final, prevista para 2029-2030, alcanzaría a 2.500 unidades construidas.
Actualmente en Salto existe el Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la ciudad de Salto y su Microrregión, el cual está clasificado como el Decreto 6953/2016, y fue aprobado por todos los partidos, basándose en el decreto 6524/2011 que son las directrices departamentales, que se establecen en el marco del Convenio de Cooperación Técnica y Financiera suscrito con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente hoy mejor conocido como Ministerio de Medio Ambiente.
La Intendencia de Salto desarrolló una estrategia de planificación territorial contemplando diferentes escalas territoriales (regional, microregional, local). En este sentido, se decidió elaborar las Directrices de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Departamento de Salto, las que se materializan en el Plan vigente que por definición legal “tienen como objeto fundamental planificar el desarrollo integrado y ambientalmente sostenible del territorio departamental, mediante el ordenamiento del suelo y la previsión de los procesos de transformación del mismo” (Según lo establece la Ley N° 18.308 de junio de 2008).
Para aprobar este proyecto tenemos que modificar las normativas que están vigentes y reglamentan el uso del suelo y los espacios del departamento en todas sus respectivas escalas, sería como vulgarmente se dice “borrar con el codo lo que hacemos con la mano”.
A modo de simplificar este tema, lo haremos mediante una serie de preguntas disparadoras que muy bien el CENUR ha elaborado, con la intención de hacernos reflexionar con respecto a este emprendimiento donde la incertidumbre parece acompañarle.
- No hay proyecto ni razón fundada para urbanizar más suelo: ¿por qué recategorizar
entonces?
Según la información que se ha hecho pública, más allá de las ideas generales que parecen
castillos en el aire, no hay información clara, concreta y precisa sobre el supuesto proyecto de
inversión, así como tampoco de la existencia de estudios de viabilidad económica, social y
ambiental que lo justifiquen. Tampoco hay acciones concretas para evaluar el impacto (social,
ambiental y urbanístico) de una posible intervención en la zona ni indicadores para medir su
éxito o su fracaso. No hay proyecto, por tanto, nada de lo que se promete se puede asegurar.
- ¿Quién se beneficia con este proyecto?
Pensemos… este Proyecto denominado El Milagro es impulsado por un operador inmobiliario privado. La recategorización solo beneficia al dueño de la tierra que, luego de recategorizado el suelo, puede venderlo a mucho más valor y usarlo a su antojo porque no hay garantías explícitas ni firmadas entre los operadores, el dueño de los padrones y la Intendencia de Salto para ejecutar las ideas que se han planteado en la prensa. Lo único que está claro hasta ahora es que el único que gana en este momento, es el propietario de la tierra y su eventual socio, que es el grupo que demanda la recategorización del suelo.
- Inversión?
¿Llega un grupo inversor con 666 millones de dólares? No. La inversión que se publicita no es tal, sino que esa cifra refiere a lo que se denomina como el “flujo económico que se pone ́en juego ́”. ¿Qué significa eso? Que se trata de una proyección sobre las inversiones que podrían producirse en caso de que inversores particulares compraran los lotes que se comercialicen, y que luego construyan viviendas. Conclusión: El volumen de inversión que se anuncia no está, lo que hay es un supuesto que depende de lo que hagan otros potenciales compradores, los cuales hoy en día no existen.
- Recategorización Empleo y Desarrollo. ¿Es una relación lineal y directa?
Tanto en la documentación pública como en expresiones vertidas en distintos medios de comunicación (local y nacional), la cuestión del aporte al desarrollo forma parte de las argumentaciones centrales de la propuesta que motiva la revisión del Plan, y es la única idea que se reitera hasta el cansancio para justificar el Proyecto El Milagro. Con el objetivo de generar fuentes de trabajo, se fundamenta que la recategorización de suelo es una solución a este problema tan sentido por la población. Sin embargo, no sabemos cómo se van a generar los 13.500 puestos de trabajo, ni en qué condiciones o de qué calidad serán. Salto tiene un déficit de empleo, pero fundamentalmente de empleo de buena calidad, y esta propuesta nada dice de eso.
- ¿Hablar de la creación de 13.550 puestos de trabajo en diez años, equivale a decir que son puestos para 13.550 trabajadores durante diez años?
La respuesta es No. Se afirma que se crearán 12.500 puestos durante los diez años que dure la construcción (250 viviendas por año, lo que resultará en un total de 2.500 en 10 años, con una demanda de “5 trabajadores por obra”). Ahora bien, para que esos 12.500 puestos de trabajo sean equivalentes a los 12.500 trabajadores considerados individualmente, debería ocurrir que los 5 trabajadores que construyan una de las viviendas, no construyan las demás.
Lo único que FOMEX SA (La Tahona) compromete como puestos de trabajo para salteños, es la mitad de los trabajadores de las obras de infraestructura (calles, saneamiento, etc.) que estiman en unos cien por año. El avance de las obras dependerá de la comercialización de los lotes.
En conclusión: hablar de 13.550 puestos de trabajo no significa hablar de 13.550 trabajadores.
- Impacto social y ambiental
Respecto de los barrios cerrados, los estudios sobre la experiencia en Argentina muestran que la segregación que genera la modalidad de barrio privado no es sustentable en el largo plazo. Incluso algunas provincias los han prohibido. El modelo de ciudad que se propone en estos desarrollos es una ciudad partida en dos. Resulta aún más extraño que un gobierno del FA, que dice ser de izquierda y de sensibilidad social, impulse este tipo de iniciativas, esto a nuestro entender resulta en una contradicción abismal de lo que las bases ideológicas pregonan.
Otros impactos que se menciona en el informe ambiental, son los residuos sólidos y los efluentes domiciliarios. Se plantea que la Intendencia de Salto deberá resolver el problema de los residuos sólidos y se propone una consulta a OSE para estudiar la conexión a la nueva planta de tratamiento. En todos los casos se trasladan los problemas a la órbita pública.
Entendemos importante poner en la balanza los beneficios reales y los costos ocultos a largo plazo de esta forma de hacer ciudad, que profundiza la segregación social y el consumo innecesario de tierra productiva. Además tampoco se habla acerca del retorno de valorizaciones para la Intendencia y la comunidad.
Sin lugar a dudas, todo lo que implique desarrollo e inversión y cumpla con ciertas garantías y no signifique solamente un negocio inmobiliario, será acompañado.
Edil Lic. Enzo García
Edil Prof. Jonnathan Aramburo
Partido Nacional
